12 de noviembre, 2025. Belém, Brasil. Durante el evento: “Justicia Climática y Autonomía Indígena: Integrando la defensa territorial, la protección y las estrategias de resiliencia en las políticas globales y nacionales”, representantes de organizaciones indígenas de toda América Latina hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional: la justicia climática no será posible sin territorios seguros, autónomos y libres de violencia.
El evento, organizado por la Alianza Latinoamericana de Defensores del Territorio Indígena (ALDTI), reunió a más de 35 organizaciones de base, comunidades y movimientos sociales. Desde el inicio, las y los panelistas señalaron que la crisis climática avanza sobre territorios indígenas que ya enfrentan amenazas históricas como invasiones, actividades ilícitas, falta de titulación y criminalización de sus líderes.
Autonomía indígena: una demanda central
El representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) destacó la resistencia histórica de los pueblos amazónicos frente al deterioro ambiental y la violencia. Subrayó que, mientras los territorios proveen servicios ecosistémicos esenciales para el planeta, los Estados continúan otorgando concesiones sin consulta previa y sin garantizar seguridad jurídica ni protección efectiva.
“Los pueblos indígenas seguimos existiendo y resistiendo. La autonomía y la autoprotección no son una opción, sino una necesidad frente a la ausencia del Estado”, enfatizó.
Perú: cifras alarmantes de ataques a defensores
La Central de Comunidades Nativas del Río Ene presentó datos que evidencian la gravedad de la situación en el Perú:
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35 defensores ambientales asesinados entre 2014 y 2025.
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495 situaciones de riesgo registradas en 21 regiones, que afectan a líderes, familias y comunidades.
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Actividades ilegales como tala, minería, tráfico de tierras y narcotráfico, como principales fuentes de amenaza.
Ante la falta de acción estatal, la organización implementó un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en 45 comunidades. Este mecanismo registra amenazas en tiempo real, articula respuestas comunales y permite vigilar el territorio mediante drones y equipos tecnológicos. Gracias a este sistema se han atendido emergencias por incendios forestales, desbordes de ríos y riesgos generados por megaproyectos.
Preguntas del público revelan preocupaciones comunes
Durante el intercambio con la audiencia, surgieron inquietudes sobre cómo fortalecer la coordinación entre pueblos indígenas y gobiernos, y sobre la sostenibilidad de los mecanismos autónomos frente a contextos de violencia creciente.
Participantes de países como Venezuela y Guatemala compartieron experiencias donde los Estados han cooptado o debilitado a los guardianes territoriales, reduciendo su autonomía y limitando su labor de vigilancia.
Los panelistas coincidieron en que, aunque la autoprotección es vital, los Estados no pueden desentenderse de su obligación de garantizar seguridad y derechos. Asimismo, insistieron en la necesidad de que el financiamiento climático llegue directamente a las comunidades, sin intermediaciones que diluyan el impacto.
Una urgencia compartida en la región
Los líderes señalaron que los pueblos indígenas continúan defendiendo sus territorios y bosques pese a la falta de recursos, la criminalización y la violencia. Sin embargo, advirtieron que la crisis climática no podrá enfrentarse sin reconocer el rol fundamental que cumplen como protectores del bosque.
“El bosque es vida. Y quienes lo defendemos lo hacemos también por el bienestar del planeta entero. Lo que falta es voluntad política y reconocimiento real”, señaló uno de los participantes.
Un llamado a la COP30
El segmento concluyó con un pedido firme a los países presentes en la COP30:
cumplir sus compromisos climáticos, reconocer las autonomías territoriales y asegurar protección efectiva para quienes defienden la vida y los bosques.
Las organizaciones participantes insistieron en que esta COP debe marcar un punto de inflexión que permita avanzar hacia mecanismos de financiamiento directo, procesos de consulta respetuosos y políticas que fortalezcan las estructuras de gobernanza indígena.
