América Latina concentra el 82% de los asesinatos de personas defensoras ambientales y territoriales en el mundo. Hoy, en Lima, organizaciones de ocho países y organizaciones regionales de América Latina exigen mecanismos de protección efectivos ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la ONU.
La mesa es el cierre de tres días de trabajo conjunto entre líderes y lideresas indígenas y de organizaciones de sociedad civil, que diariamente enfrentan al avance del crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico y los proyectos extractivos. De esta manera, no nos encontramos ante un foro académico, sino ante un espacio de discusión y de trabajo, desde las experiencias de quienes enfrentan las brechas de seguridad en los territorios.
El viernes 20 de marzo, en el marco del III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), representantes de organizaciones indígenas de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú dialogarán con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para compartir sus experiencias en la implementación de mecanismos de protección colectiva frente a una ola de violencia existente, a fin de identificar oportunidades de colaboración, aprendizaje o sinergia.
Según el Informe técnico de DAR “Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana” (2025); en el Perú, nueve defensores fueron asesinados en 2024, suma que se añade a más de veinte casos registrados desde el año 2020. Dos de los casos emblemáticos de ese año fueron el asesinato del líder indígena harakbut Victorio Dariquebe (guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la región Madre de Dios) y el líder kakataibo Mariano Isacama (asesinado en la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali; tras recibir amenazas por WhatsApp). A esto se le suma la cifra inédita de tres periodistas asesinados en el 2025 en el marco de la cobertura de la presunta existencia de redes de crimen organizado. Según el informe técnico de DAR (2025), entre 2019 y julio de 2025 el MINJUSDH registró 514 situaciones de riesgo que afectaron a 705 personas defensoras y 61 familiares: el 84% son defensores del ambiente y de los derechos indígenas. Las principales fuentes de amenaza son la tala ilegal (33%), el tráfico de tierras (23%), el tráfico ilícito de drogas (22%) y la minería ilegal (19%). Las regiones con mayor concentración de casos son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%).
La violencia contra personas defensoras del territorio no es un fenómeno aislado. Ocurre en el mismo territorio donde el crimen organizado, el narcotráfico y las economías ilegales extractivas han copado los espacios dejados por el Estado. En Colombia, más de 58.000 indígenas sufrieron hostigamientos, toques de queda o desplazamientos forzados por grupos armados solo en 2024, según el Reporte Preliminar 2023 de Violencias Armadas Contra Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En la triple frontera Colombia-Perú-Brasil, una investigación de la Red Transfronteriza de Ojo Público de la nota “Territorio Narco: el tráfico de cocaína domina más del 70% de las fronteras amazónicas”, identificó que las organizaciones criminales que dominan el tráfico de cocaína están presentes en 54 de las 75 localidades limítrofes de la Amazonía — más del 70% del territorio fronterizo. Los dos grupos más activos, el brasileño Comando Vermelho y el colombiano Comandos de la Frontera, operan en la misma zona donde viven y defienden sus territorios los pueblos ticuna, yagua y kakataibo: narcotráfico, tala ilegal y minería ilegal se refuerzan mutuamente, y la presencia del Estado de los tres países es, en palabras de sus propias fuerzas de seguridad, insuficiente para enfrentarlos.
En este contexto, el diálogo que hoy se abre en Lima entre líderes indígenas, el Estado peruano y la ONU tiene una connotación estratégica: ¿pueden los mecanismos nacionales de protección responder a una crisis que es, en esencia, regional y sistémica?
¿POR QUÉ ES NOTICIA HOY?:
- El encuentro cierra una semana de deliberación indígena en Lima (18-20 de marzo) y sus acuerdos serán insumos directos para la próxima COP4 del Acuerdo de Escazú. (Abril)
- Los datos disponibles muestran que América Latina sigue siendo la región más letal del mundo para defender la naturaleza, y los pueblos indígenas son quienes pagan el precio más alto.
- Por primera vez, los líderes indígenas acuden con propuestas concretas sustentadas en un diagnóstico técnico propio: elevar el Mecanismo Intersectorial a rango de ley, crear grupos temáticos en las mesas regionales, pasar de la reacción a la prevención, y articular los sistemas de vigilancia indígena con el Estado mediante un sistema de interoperabilidad de información.
